El concepto ‘fake news’, que tan de moda está en los últimos tiempos, encierra un terrible mensaje en su propio nombre. Su traducción literal, noticias falsas, presupone que hay informaciones que se publican que no son verdaderas. Y, dado que son los medios de comunicación los que se encargan de elaborar las noticias, la denominación ‘fake news’ da por sentado que hay periódicos, radios o televisiones que difunden falsedades. Por tanto, usando ese sintagma ya estamos sugiriendo que hay quienes se inventan las noticias. De ahí que muchos políticos hayan abrazado esas dos palabras fetiche para desacreditar informaciones que no les eran propicias, y esto vale tanto para Donald Trump como para Pablo Iglesias. Ellos pretenden desprestigiar el trabajo de los medios, y eso de las ‘fake news’ les va como anillo al dedo.
Pero, en realidad, los medios de comunicación no suelen difundir noticias falsas, o al menos no de forma deliberada. Por supuesto, hay medios mejores que otros, pues no todos trabajan con la misma profesionalidad, pero el 100% están sometidos al control judicial. Si alguien se siente perjudicado por una información o considera que una noticia es falsa, siempre puede acudir a un tribunal para exigir una rectificación e incluso una compensación. Esa labor de control se hace a diario y, sin embargo, son muy pocas las veces que un medio es condenado por mentir.
Por tanto, cuando hablamos de ‘fake news’ más que de noticias falsas deberíamos hablar de bulos, pues no son fabricados por medios de comunicación, sino por webs clandestinas, agencias de contrapropaganda o, en muchos casos, ciudadanos ociosos que deciden escribir un WhatsApp inventándose cualquier chorrada. Y este fenómeno, el de los bulos, no es precisamente algo nuevo por mucho que nos quieran hacer creer lo contrario. Es verdad que las redes sociales facilitan su propagación, pero bulos puestos en marcha por gente sin escrúpulos ha habido siempre. Recuerden si no aquel lío con Ricky Martin en Antena-3 provocado por la llamada de un desaprensivo a un programa de radio cuando aseguró haber visto en la televisión lo que nunca ocurrió.
Pese a ello, hay políticos que pretenden convencernos de que la democracia está en peligro debido a las ‘fake news’, e incluso han constituido organismos asesores para luchar contra la llamada «desinformación», poniendo mucho dinero encima de la mesa. La Unión Europea, por ejemplo, es especialmente sensible a este asunto. Y, al calor de todo ello, han proliferado las denominadas empresas de ‘fact-checking’.
Por lo general, esas empresas se dedican a desmentir bulos anónimos difundidos en las redes sociales. «No es verdad que beber lejía proteja contra la covid», han llegado a titular en alguna ocasión. Es una manera un tanto curiosa de protegernos de los bulos: a menudo desmintiéndolos les dan más difusión de la que tendrían si nadie les hiciera caso. Algo que se hubiera quedado limitado a unos cuantos ciudadanos, de repente se convierte en problema nacional.
Dicho lo cual, es indudable que esa labor de desmontar bulos es encomiable, como también lo es cuando se ponen a verificar qué hay de cierto en los datos contenidos en el discurso de un político o en un debate parlamentario.
Pero, gracias a ese trabajo, las empresas de verificación han terminado siendo contratadas por las redes sociales para que juzguen los contenidos aparecidos en sus plataformas, de tal manera que también han acabado examinando lo que publican los medios de comunicación, e incluso se arrogan el derecho a tildar como «bulo» algunas de sus informaciones. Es decir, esos verificadores se han erigido en auténticos tribunales y determinan en tiempo real si lo que dice un periodista es verdad o mentira. Y el problema es que esas empresas cuentan, por lo general, con menos personal y recursos que un medio de comunicación, aparte de que también meten la pata y, por supuesto, tienen sus propios sesgos ideológicos e intereses accionariales.
El bulo del ‘ABC’
Y así, por ejemplo, resulta que el diario ABC se encontró hace unos días con que una noticia suya sobre una nueva ley aragonesa fue calificada de bulo. Pero era completamente cierta, hasta el punto de que la empresa verificadora al día siguiente publicó una «corrección» admitiendo que su veredicto inicial se había basado en un borrador de la ley, no en el texto finalmente aprobado. Es decir, el bulo lo propagó el verificador al tratar de enmendar la plana al ABC, pero la cosa quedó en una mera «corrección» al día siguiente porque no hay un verificador que verifique al verificador y, por tanto, que le saque los colores si se equivoca.
A pesar de la corrección, el daño reputacional al ABC y al periodista que publicó esa información ya está hecho. Algunos políticos usaron la nota en que se calificaba de «bulo» la noticia de ABC para cargar contra ese periódico, porque, por supuesto, nadie osó poner en duda el veredicto sagrado del verificador. Hasta el Colegio de Periodistas de Aragón intervino para ponerse en contra del diario madrileño.
¿Tiene esto algún sentido? ¿Debemos dejar que empresas surgidas de la nada emerjan como nuevos tribunales de la verdad? ¿Por qué estamos delegando de forma tan arbitraria una labor que sólo corresponde a los tribunales de Justicia?
Y para colmo luego está el curiosísimo sistema de selección que suelen seguir estas empresas para elegir las noticias y los medios donde buscar bulos: difícilmente verán como blanco de sus críticas a televisiones como La Sexta o periódicos como Eldiario.es, medios con los que colaboran a menudo estos verificadores.
Veamos un ejemplo práctico. Estos días se ha escrito y dicho en varias ocasiones, y en algunos casos por periodistas de cierto predicamento, que el golpista Antonio Tejero fue indultado por el Gobierno de Felipe González. Esa ‘información’ es completamente falsa, porque justo ocurrió lo contrario, que el Ejecutivo del PSOE rechazó la solicitud de indulto. No obstante, a algunos les da igual la verdad en su desbocado afán por justificar el perdón para los líderes del ‘procés’. Se trata de buscar precedentes, aunque sean mentira. Pero, curiosamente, a la hora en que se termina de escribir este artículo todavía no ha aparecido ningún verificador desmintiendo el asunto. ¿Casualidad? Seguro que se trata de un error involuntario y que esta misma semana se pondrán a ello.
[Artículo publicado el lunes 31 de mayo a las 00.55 horas]