Los indultos del ‘procés’ fueron pactados antes de la sentencia

El lunes 14 de octubre de 2019, el mismo día que se conoció la sentencia del Tribunal Supremo condenando a los líderes del ‘procés’ independentista catalán, escribí un artículo en ‘Vozpópuli’ titulado «Próxima estación: el indulto». Ese texto provocó cierta polvareda en la profesión periodística y una airada indignación en algunos miembros del Partido Socialista por considerar fuera de lugar que se hablase de indultos cuando la sentencia acababa de salir del horno.

Aquel artículo, que pueden leer si pinchan aquí, se ha confirmado punto por punto, ya que el Gobierno de Pedro Sánchez ultima la concesión de la medida de gracia para los cabecillas de la revuelta independentista de octubre de 2017. El texto ha aguantado bien el paso del tiempo porque, en realidad, no era un artículo de opinión de un periodista metido a futurólogo. Aquello fue escrito con buena información suministrada por algunos de los protagonistas. Pero, a pesar de ello, recuerdo perfectamente cómo en algunas tertulias mis compañeros de mesa se escandalizaban porque contemplara la posibilidad de que el Gobierno indultase a los presos del ‘procés’: eso nunca se iba a producir, sostenían, porque ni siquiera los políticos independentistas eran partidarios de esa opción.

Como se ha visto, una cosa es lo que decían en público y otra muy diferente lo que hacían en privado: todo estaba pactado desde antes de conocerse la sentencia. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) se había encargado de cerrar los detalles en diversas conversaciones en las que tuvo un papel relevante el actual presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, quien por entonces ya era la cabeza visible de su partido en ausencia de Oriol Junqueras.

Desde el principio quedó claro que nunca habría arrepentimiento de los reos, porque la ley del indulto no lo exige expresamente, y que la solicitud de la medida de gracia no sería presentada por los propios afectados. Se trataba, y se trata, de dar la apariencia de que el indulto no se concede porque los condenados admitan su falta sino porque el sistema ha decidido perdonarles. Este es un matiz importante en la retorcida mente independentista: no son ellos los que capitulan ante el Estado, es este el que se humilla reconociendo su error al haberles condenado. En vez de exigir un «no lo volveremos a hacer», el Gobierno de España va a acabar admitiendo que «el problema nunca debió llegar a los tribunales».

ERC y el PSOE apalabraron el indulto porque era la solución más rápida (la amnistía o un cambio del delito de sedición en el Código Penal llevarían más tiempo). Y, dando por hecho que el tribunal sentenciador se opondría a la medida de gracia, como así ha sido, en el pacto también se contemplaba que el indulto tendría que ser parcial y, por tanto, se centraría en «aminorar la pena justo lo necesario» para que los presos pudiesen recobrar la libertad sin que tuviera que haber un indulto total.

El Supremo lo sabía

Lo único que no se ha podido cumplir de aquel acuerdo son los plazos. Tanto el PSOE como los independentistas tenían claro que el indulto debía llegar lo antes posible, para alejar la decisión de unas futuras elecciones generales y evitar así el desgaste para Sánchez, aunque al menos seis meses eran inevitables para poder cumplir con todos los trámites. Desde el principio se barajó que la medida llegaría a lo largo de 2020, pero la pandemia y, sobre todo, la parsimonia del Tribunal Supremo, que se olía la tostada desde el principio y ha dilatado al máximo los plazos, han obligado a retrasarla. Hasta que no hubiera informe del tribunal sentenciador, imprescindible aunque no vinculante, no podía haber indulto. Y el Supremo no ha dicho esta boca es mía hasta el pasado 26 de mayo.

Así que estamos ya en los días previos al indulto. Y, como por arte de magia, los que hace dos años se rasgaban las vestiduras por hablar de ello, hoy lo admiten con total naturalidad. Asistimos a la construcción del relato de la necesidad del perdón a los líderes del ‘procés’. Y, como ya se apuntaba en el referido artículo, uno de los argumentos más utilizados está siendo que otros políticos condenados por delitos más graves también fueron indultados en su momento: si un presidente socialista perdonó al general Alfonso Armada en las navidades de 1988 a pesar de haber organizado un golpe de Estado y un presidente ‘popular’ hizo lo propio con el exministro José Barrionuevo justo diez años más tarde tras ser condenado por un secuestro, ¡cómo no vamos a indultar ahora a unos pobres pacifistas!

Eso sí, lo que no contemplé hace dos años es que, en la loca carrera por justificar lo injustificable, los palmeros del Gobierno se fueran a inventar que el golpista Antonio Tejero también fue indultado. Eso sí que ha sido un bulo en toda regla. Por cierto: muchas gracias a las agencias de verificación por haberse atrevido finalmente a desmentir esa falsedad tras haber sido interpeladas en mi artículo de la semana pasada.

Y ahora lo único que nos queda por saber es cuándo se producirá la medida de gracia. Dados los precedentes, lo normal es que el Ejecutivo busque la fecha más propicia para que pase lo más desapercibida posible. Si los indultos más vergonzantes de Felipe González y José María Aznar fueron un 23 de diciembre, ¿por qué no va a elegir Sánchez un 3 de agosto? Lo más lógico es que el Gobierno intente que las imágenes de la salida de prisión de los políticos presos pillen a los españoles pendientes de otra cosa, ya sea la Eurocopa de fútbol o tomando el sol en una playa. Y que para cuando haya que ir a votar de nuevo, allá por finales de 2023, casi nadie se acuerde de lo que pasó este verano.

[Artículo publicado el lunes 7 de junio a las 00.27 horas]