El laberinto catalán enfila en las próximas semanas su fase final, aquella en la que todas las incógnitas que persisten a día de hoy quedarán despejadas por completo: ¿se llegará a celebrar el referéndum del 9 de noviembre?, ¿habrá choque de trenes?, ¿adelantará Artur Mas la convocatoria de elecciones?…
En este momento lo único claro es que el presidente de la Generalitat de Cataluña está decidido a celebrar la consulta independentista una vez que el Parlamento catalán haya aprobado en los próximos días la ley que le dará cobertura jurídica. A partir de ahí, la pelota pasará a Madrid, donde se espera que el Gobierno recurra el decreto de convocatoria y, acto seguido, el Tribunal Constitucional (TC) proceda a suspender cautelarmente el referéndum.
Mas ya ha dicho que al día siguiente de que los tribunales le impidan celebrar la consulta convocará en su despacho a los partidos partidarios de la iniciativa: Convergència i Unió (CiU), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Iniciativa per Catalunya (ICV) y la Candidatura d’Unitat Popular (CUP). El objetivo de esa reunión es acordar los pasos siguientes. Pero el problema es que no parece que haya unanimidad respecto a qué hacer si sucede lo más probable, es decir, si el TC anula el referéndum.
Teóricamente, solo caben tres opciones. La primera, la más radical, supondría desoír a los magistrados y seguir adelante con la consulta. Es lo que desean tanto ERC como la CUP, con la excusa de que nadie puede negarse a escuchar la opinión del pueblo. Sin embargo, esta opción está fuera de la agenda de CiU y Mas ya ha dicho que no hará nada ilegal, sobre todo porque eso supondría ir a un choque de trenes de consecuencias imprevisibles, ya que el Gobierno central se vería obligado a impedir policialmente la consulta.
La segunda opción que tiene sobre la mesa Mas es a día de hoy la más factible: ya que no le dejan hacer el referéndum, convocaría unas elecciones autonómicas para consultar igualmente al pueblo de Cataluña. La idea sería convertir esos comicios en un plebiscito en donde los partidarios de la independencia irían unidos. Y el objetivo final sería alcanzar una mayoría absoluta que legitimara las aspiraciones secesionistas y permitiera, o bien negociar con Madrid, o bien declarar la independencia unilateralmente.
La idea de las elecciones anticipadas no desagrada del todo a ERC, pues le permitiría seguir adelante con su plan secesionista, pero no acaba de convencer a CiU, porque le dejaría en manos de los republicanos y probablemente supondría la escisión entre Convergència y Unió, dado que esta última formación no está dispuesta a formar un frente independentista.
Otra cuestión que quedaría por definir es cuándo serían esas elecciones, pues deben ser convocadas con 54 días de antelación y, por tanto, ya no sería posible celebrarlas el día previsto para el referéndum. ¿Serían a comienzos de 2015? ¿Se harían coincidir con las municipales de mayo?
Finalmente, la tercera opción que tiene sobre la mesa el presidente catalán es seguir adelante con la legislatura y ganar tiempo hasta noviembre de 2016, que es cuando técnicamente tocan las elecciones autonómicas. Esta opción supondría enfriar los ánimos soberanistas y, por tanto, abrir una brecha definitiva con ERC. En consecuencia, y para poder agotar la legislatura, CiU necesitaría otros apoyos parlamentarios, y en este momento la única opción posible sería la de los socialistas catalanes (PSC).
El nuevo líder del PSC, Miquel Iceta, está dispuesto a tender una tabla de salvación a CiU a cambio de que se baje el suflé independentista, pero pondría una condición importante: que Artur Mas dé un paso atrás y deje el liderazgo del Gobierno catalán en manos de otro compañero más moderado de su partido. Obviamente, esta opción no convence a Mas, pero podría ser una oportunidad para que los nacionalistas salven la cara, mantengan el poder y, paralelamente, se pueda abrir una negociación con Madrid para cambiar la Constitución. Ese cambio en la Carta Magna supondría dar un trato singular a Cataluña, blindar sus competencias, en especial las que tienen que ver con la lengua y la educación, y abrir la vía para que pueda estar mejor financiada que en la actualidad. Veremos.
[Artículo publicado en la revista TIEMPO el 12 de septiembre de 2014]