Si el año 2015 pasará a la historia como aquel en que se constató el declive del bipartidismo y la aparición de nuevos actores políticos con cierto peso en el conjunto de España, 2016 supondrá todo un desafío desde el punto de vista institucional, ya que los resultados de las elecciones generales del pasado 20 de diciembre obligarán a los partidos a conjugar un verbo poco utilizado hasta ahora: pactar.
La clase política española, representada en un nuevo y rejuvenecido Parlamento, deberá demostrar si es capaz de fraguar consensos en aras del bien común, olvidando las siglas de cada cual y desterrando las tentaciones cainitas por las que se han venido rigiendo los sucesivos Gobiernos desde hace 20 años.
Algunos han augurado una segunda Transición durante 2016, similar a la que a finales de los años 70 alumbró la democracia. Sin embargo, la fragmentación y extraordinaria diversidad del Parlamento surgido del 20-D hacen poco menos que imposible que se pueda alcanzar un nivel de consenso similar al que se logró en la España posfranquista.
Por tanto, probablemente habría que rebajar las expectativas y conformarse con que el diálogo y los pactos al menos sirvan para formar un Gobierno estable que permita consolidar el crecimiento económico ya registrado durante 2015. De lo contrario, España podría entrar en una peligrosa e inédita senda de incertidumbre e inestabilidad, sin descartar la convocatoria de unas nuevas elecciones en un corto periodo de tiempo.
Lo que todo el mundo tiene claro es que ese consenso básico que ha de buscarse debería servir al menos para enderezar el principal problema que ahora mismo tiene planteado España: el desafío independentista catalán.
Hay quien ve en una posible reforma de la Constitución el bálsamo de Fierabrás que logre calmar las tensiones secesionistas, pero también son muchos los que piensan que ya es tarde para bajar la fiebre o que, directamente, no servirá de nada.
El Partido Popular, pieza clave en cualquier reforma de calado que se pretenda llevar a cabo en España, entre otros motivos porque controla el Senado, no es muy partidario de tocar la Carta Magna por miedo a abrir un melón de consecuencias imprevisibles. “Nuestra negativa a debatir una reforma de la Constitución no tiene nada que ver con el inmovilismo, sino con la sensatez. Ahora mismo no está claro para qué habría que cambiarla y hay que ser muy cuidadosos con plantear una iniciativa de ese tipo porque muchos de los que lo están proponiendo carecen de sentido de Estado”, asegura un ministro del Gobierno de Mariano Rajoy.
La posición del PP no es un no rotundo, pero casi. Como dijo la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante el debate electoral en Atresmedia: “Para plantear una reforma de la Constitución hacen falta dos cosas: consenso y un objetivo claro. Si se cambia la Carta Magna debe ser para que España funcione mejor, no para contentar a los que no se van a contentar nunca”. Esa última parte de la frase es una crítica directa a la reforma que ha propuesto el Partido Socialista, y que contiene varios guiños a Cataluña para intentar apaciguar el independentismo: convertir España en un Estado federal, hacer un reconocimiento explícito a la cultura y lengua catalanas, trasladar el Senado a Barcelona…
El temor del PP a abrir la caja de Pandora no es compartido por el resto de fuerzas políticas, pero es fácil imaginar que, en caso de iniciarse el proceso de debate de la reforma de la Constitución, será extremadamente complicado llegar a un consenso parlamentario que represente a la gran mayoría de los ciudadanos y que luego pueda ser refrendado sin sustos mediante un referéndum. Pero ya se sabe que en política todo es posible.
Lo que está claro es que, independientemente del resultado, 2016 será un año de búsqueda de pactos y de consensos, y donde el Congreso de los Diputados volverá a ser el centro del debate político después de los cuatro años de mayoría absoluta del PP.
La solución que se pueda buscar al tema catalán, si es que se consigue encontrar alguna fórmula que evite la ruptura definitiva, marcará la campaña electoral en las otras dos comunidades autónomas que celebrarán elecciones en 2016: País Vasco y Galicia. En ambas regiones se han reducido las apetencias secesionistas en los últimos años, pero no es descartable que lo que suceda con Cataluña acabe por contaminar el debate en dos territorios que siempre han buscado seguir la estela catalana.
Precisamente, el hecho de que se celebren en 2016 comicios vascos y gallegos también debería servir para rebajar las expectativas de aquellos que esperan grandes cambios, pues ya se sabe que a los políticos no les gusta mover muchas fichas cuando hay elecciones a la vista.
Desde el punto de vista partidista, lo que sí deparará el nuevo año serán cambios en los principales partidos pues, para empezar, tanto PP como PSOE deben celebrar sus congresos ordinarios y eso supondrá, probablemente, una buena renovación de sus altos cargos.
Y tampoco conviene olvidar que durante 2016 se celebrarán dos importantes juicios de dos de los casos más representativos de la reciente corrupción: Gürtel y Nóos. La manera en que se resuelvan será clave para saber si España camina por el camino de la regeneración o, por el contrario, vuelve a caer en vicios pasados y, con ello, se siembra la semilla de una mayor indignación ciudadana.
[Artículo publicado el 23 de diciembre de 2015 en el suplemento El mundo en 2016, elaborado por los semanarios The Economist y TIEMPO]