España ha pasado en apenas un año de ser el país con más incertidumbre de la Unión Europea a representar un oasis de estabilidad justo cuando otras grandes economías del continente están sumidas en situaciones vertiginosas: desde el brexit en el Reino Unido, hasta el cambio de primer ministro en Italia, pasando por el pavor al auge de la extrema derecha en países como Francia, Holanda o Alemania, que celebran elecciones en 2017. Sin embargo, la coyuntura española es engañosa porque, si bien es cierto que Mariano Rajoy ha vuelto a ser reelegido como presidente del Gobierno, su mandato no está garantizado dado que el Partido Popular apenas controla 137 de los 350 diputados de la Cámara Baja. Por eso no es descartable que durante 2017 se vuelvan a celebrar comicios en España por tercera vez en apenas dos años.
De momento, Rajoy confía en poder agotar la legislatura. Y para ello buscará el entendimiento con Ciudadanos, con quien firmó el verano pasado un acuerdo de 150 medidas y, sobre todo, con el Partido Socialista, cuya abstención fue clave para que el PP siga gobernando.
El presidente del Gobierno sabe que la debilidad de los socialistas juega a su favor, ya que ahora mismo el principal partido de la oposición está dirigido por una comisión gestora en espera de que un congreso extraordinario elija un nuevo secretario general tras la dimisión de Pedro Sánchez. Mientras el PSOE esté desangrándose en trifulcas internas, no tendrá ningún interés en bloquear el trabajo de Rajoy, ya que el presidente, si ve que la legislatura no avanza, dispone de un arma muy poderosa: la potestad constitucional de convocar nuevas elecciones una vez que haya pasado un año desde las últimas. Es decir, a partir del 26 de junio podrían celebrarse nuevos comicios.
Esa es la razón por la que 2017 puede ser el año del todo o la nada. Según explica el presidente del Gobierno en las últimas semanas, estamos ante una gran oportunidad para que las dos principales fuerzas políticas de España, PP y PSOE, busquen acuerdos de calado que gocen de un respaldo parlamentario hasta ahora pocas veces visto en la democracia española. Y su objetivo es concentrarse en tres pactos de Estado: el de la educación, el de las pensiones y la nueva financiación autonómica.
La reforma de la Constitución no es una prioridad para Rajoy. El presidente tiene miedo a abrir un debate cuyo final es imprevisible y que muy probablemente desembocaría en un referéndum de resultado incierto, sobre todo viendo los recientes precedentes de Italia o el Reino Unido.
Su escepticismo respecto a la conveniencia de modificar la Constitución no quiere decir que Rajoy no pretenda hincarle el diente al conflicto catalán. Lo que pasa es que el presidente no cree que se deba solucionar mediante un cambio de la Carta Magna, y más bien tiene la convicción de que un buen acuerdo de financiación autonómica, que mejore el dinero que controla la Generalitat de Cataluña, ayudará a desinflar el suflé. Y a ello precisamente está destinando sus esfuerzos el Gobierno en las últimas semanas, abriendo cauces de diálogo para entablar una negociación que permita dar una salida al auge del independentismo. El problema es que no hay mucho tiempo porque el Ejecutivo catalán tiene planteado un nuevo referéndum para septiembre y porque los primeros líderes que desobedecieron al Tribunal Supremo serán juzgados a lo largo del año, con el consiguiente incremento de tensión.
Por tanto, y a pesar de la insistencia del PSOE para modificar la Constitución y de Ciudadanos para afrontar otras reformas de calado como la de la ley electoral, el Gobierno se centrará en los próximos meses en administrar el día a día y en buscar los tres acuerdos citados anteriormente. “Si conseguimos sacarlos adelante habrá sido la legislatura más provechosa de la historia”, se justifican fuentes de la dirección del PP.
Pero para que ello suceda es necesaria la colaboración del PSOE. De momento, los primeros pasos dados por la gestora socialista van en ese sentido, como el visto bueno al techo de gasto presupuestario para 2017 o a la subida de impuestos que permitirá meter en cintura el déficit público para cumplir con los compromisos con Bruselas.
La luna de miel entre el PP y el PSOE se prolongará casi con toda seguridad hasta la celebración del congreso de los segundos, que se prevé para el mes de junio, pero a partir de ahí todo dependerá del nuevo líder que salga elegido. Si gana el ala encarnada por la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, es muy probable que el plan de Rajoy pueda seguir el curso previsto. Si, por el contrario, vence la facción más partidaria de buscar acuerdos con Podemos, los días del Gobierno del PP podrían estar contados.
En ese último caso, caben dos opciones. La primera, y quizás la más realista, es que Rajoy, si ve que no consigue avanzar, disuelva las Cámaras para tratar de lograr una ventaja mayor en las urnas. Eso, como hemos visto, no podrá ser antes del 26 de junio porque la Constitución prohíbe una repetición de los comicios hasta que no haya pasado un año desde los últimos. No obstante, un alto dirigente del Partido Popular reconoce que “será muy difícil explicar a los ciudadanos que vamos de nuevo a elecciones”.
La segunda opción no depende de Rajoy y no tiene ninguna limitación temporal. Se trata de la moción de censura, un mecanismo poco utilizado en la democracia española pero que permite cambiar de Gobierno en cualquier momento de la legislatura siempre que un candidato alternativo consiga la aprobación por parte de una mayoría absoluta de los diputados.
[Artículo publicado el 23 de diciembre de 2016 en el suplemento El mundo en 2017, elaborado por los semanarios The Economist y TIEMPO]