Tres días después de que Mariano Rajoy diese a conocer los nombres de su nuevo Gobierno empezaron a circular informaciones inquietantes sobre algunos de sus ministros.
En concreto, me centraré en dos casos. El titular de Energía, Álvaro Nadal, quien parece que en algunos currículos pone que está doctorado en Harvard cuando en realidad lo único que consta es que asistió a varios cursos (ver noticia). Y la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, cuya empresa familiar tiene una deuda con Hacienda de 1,3 millones de euros. (ver noticia).
Creo que estaremos de acuerdo en que un ministro de España debe tener una hoja de servicio intachable. Y, dado que estamos hablando de un puesto del máximo nivel, cabría pensar que alguien se toma la molestia de investigar, aunque sea mínimamente, a los potenciales ministros para evitar sorpresas desagradables como las anteriores.
Sin embargo, viendo las noticias antes mencionadas, parece evidente que en España no existe un mínimo chequeo sobre la vida de los ministros antes de que reciban la llamada telefónica del presidente. Es lo que en otros países y en la mayor parte de las multinacionales se llama ‘Background check’, es decir, la realización de un mínimo de comprobaciones para asegurarse de que el ejecutivo al que se está contratando no miente en su currículo, está al corriente de pago en sus impuestos, no tiene causas judiciales pendientes y no presenta ningún conflicto de intereses con las tareas que va a asumir.
Siendo Rajoy presidente del Gobierno, hubiera sido bastante fácil encargar ese ‘background check’ al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), pero, a tenor de las informaciones publicadas apenas tres días después de los nombramientos, parece que no lo hizo. Y eso que tuvo 300 días para pensar su Gobierno… más los cinco días extras que se tomó tras ser investido por el Congreso de los Diputados y hasta que finalmente dio la lista de ministros.
Y lo peor de todo es que no es la primera vez que le pasa esto a Rajoy. Hace apenas un año, cuando pretendió darle un barniz joven y moderno al PP, el presidente popular decidió nombrar a cuatro vicesecretarios generales. El problema vino cuando se supo que uno de ellos, Fernando Martínez Maíllo, estaba imputado en una causa judicial por corrupción (ver noticia).
Resulta desolador comprobar cómo en España no se hacen las mínimas comprobaciones para nombrar altos cargos. Aunque hay algo todavía más inquietante: que sí que se hagan esos chequeos pero que no importe su resultado porque en realidad luego ni se exigen dimisiones ni se sufren penalizaciones por parte del electorado.
anieto.tiempo@grupozeta.es
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