COMPARACIONES ODIOSAS

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He estado leyendo detenidamente el acuerdo de investidura suscrito entre el Partido Popular y Ciudadanos y, acto seguido, releyendo el que en su día alcanzaron el Partido Socialista y la formación naranja. Lamentablemente, no coincido con aquellos que afirman que ambos textos son muy parecidos y que incluso aseguran rotundos que 100 de las 150 medidas del primero ya estaban recogidas en el segundo. O la gran mayoría de los que opinan no han leído realmente los dos documentos, o no recuerdan bien el primero porque ya han pasado unos meses desde que lo leyeron. También puede ser que el calor del verano me haya dejado tan aturdido que he perdido la capacidad de entender lo que leo, aunque me inclino más por la primera de las tres opciones.

Si uno lee los dos textos se da cuenta de inmediato de la filosofía que los inspira. Mientras el firmado por el PSOE está escrito con una retórica por lo general muy directa (se hará tal cosa, se creará tal organismo, se derogará tal ley, se prohibirá…), el apadrinado por el PP es la típica carta a los reyes magos que se escribe sin demasiada convicción y sin mucho interés (se estudiará, se desarrollará, se endurecerá…). Donde el primer texto aporta concreción, el segundo aporta ambigüedad. Donde el primero es categórico, el segundo es vago e impreciso. El primero se compromete a actos concretos, el segundo los supedita a que un comité de expertos estudie su viabilidad. En resumen: el primero está hecho para intentar cumplirlo, mientras que el segundo está diseñado por el típico abogado del Estado que lo que busca es dejar la mayor cantidad de rendijas abiertas para incumplir su contenido en cuanto sea posible. Si a eso añadimos que el inspirador del segundo es Mariano Rajoy, que lleva cuatro años presidiendo el Gobierno sin demostrar mucho interés en aprobar ninguna de esas teóricas 150 medidas, entendemos mejor de lo que hablamos y de las pocas o nulas probabilidades que hay de que algo de lo firmado se acabe cumpliendo.   

Pondré varios ejemplos para demostrar lo que digo. El primer texto, el del PSOE, habla de crear un nuevo delito, el de enriquecimiento ilícito; pero el segundo lo supedita a un pacto de Estado previo y encima le añade la coletilla de siempre que haya “garantías sobre su constitucionalidad”. Otro ejemplo: el primero prohíbe las puertas giratorias durante cinco años, mientras que el segundo simplemente habla de “endurecer” las incompatibilidades de los altos cargos, pero sin precisar cómo. Y un tercer ejemplo: el primero habla de cambiar la hora de España y de adelantar el final de la jornada laboral a las seis de la tarde, pero el segundo lo supedita a la apertura de un “diálogo” para luego buscar un “pacto nacional” que persiga el “consenso de todas las fuerzas políticas, económicas y sociales”.

No obstante, hay que reconocer que buena parte de las medidas relacionadas con la lucha contra la corrupción son muy parecidas en ambos documentos, quizás porque Ciudadanos las puso como condición previa para sentarse a negociar: fuera imputados, adiós a los aforamientos, sólo ocho años como presidente del Gobierno, no indultos a corruptos…

Sin embargo, la mayor parte de las medidas más audaces del primer documento desaparecen en el segundo. De hecho, a veces da la impresión de que lo que el segundo texto recoge del primero son precisamente sus partes más retóricas y vacías de contenido, que el primero también las tiene. Entre las medidas que se han caído por el camino están: el cierre de las centrales nucleares que cumplan 40 años, la prohibición de cambiar de uso el suelo de una zona afectada por un incendio, el impuesto a las grandes fortunas, la limitación de los pagos en efectivo a los 1.000 euros, que cuando se cambien las condiciones laborales por crisis sólo se puedan rebajar los salarios el 5%, la famosa mochila austriaca de indemnizaciones por despido, el ingreso mínimo vital, el complemento salarial, las primarias obligatorias, que el Congreso trabaje también los meses de enero y julio, que los diputados y senadores no puedan tener otros trabajos, que el presidente de RTVE sea elegido por dos tercios del Parlamento, que se acabe con el voto rogado que impide votar desde el extranjero, que las listas electorales sean abiertas, que los debates entre candidatos en campaña sean obligatorios, la derogación de la prisión permanente revisable, la supresión de las diputaciones provinciales…

Y luego están las medidas que se introducen en el segundo texto que no estaban en el primero, como la bajada condicionada de dos puntos del IRPF, o las que se mejoran, como la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad. Entre ellas habría que descartar dos que son tan ambiciosas que deben ser fruto de la rapidez con que se ha debido de escribir el texto: “Erradicación de la violencia de género” (¿de verdad un Gobierno puede erradicar semejante lacra?) y “Convertir en inteligentes todas las ciudades de más de 50.000 habitantes” (debe ser que en España hay ciudades con cierto retraso mental…).
 

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